En este sentido, la entrevista marca un punto de inflexión definitivo en las relaciones entre las dos asociaciones, históricamente definidas por una hostilidad y un distanciamiento que, incluso, llegaron a dirimirse en los tribunales.

El encuentro mantenido ha sido calificado como muy favorable por los máximos representantes de ambas organizaciones, que han manifestado su deseo de llegar a un posicionamiento común que repercuta favorablemente en el óptimo desarrollo del mercado digital y salvaguarde, al mismo tiempo, los intereses de todas las partes implicadas, creadores e internautas.

De esta manera, la SGAE y la AI han mostrado su intención de continuar por esta vía y se han emplazado a una próxima cita, que previsiblemente tendrá lugar durante el mes de junio. Su propósito es establecer un plan de trabajo para poner en marcha una mesa de debate que amplíe y profundice la colaboración.

Esta es una de las primeras reuniones que ha mantenido Antón Reixa, desde que fuera elegido recientemente presidente de la SGAE, en su compromiso por poner en valor la labor que llevan a cabo los Autores y Editores en su trato con los distintos sectores sociales.

Cedro tiene como misión representar y defender los legítimos intereses de autores y editores de libros y publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras. En la actualidad tiene asociados a 19.509 miembros, escritores, traductores, periodistas y editoriales de nuestro país, y representa en España a los autores y editores de 36 entidades similares de otros países.

“Fuentes judiciales informaron que la fiscal de instrucción Felisa Krasucki pidió al juez Eduardo Daffis Niklison el envío a juicio oral y público de los tres acusados, al considerar concluida la investigación sobre dos de las tres causas en las que los dueños de Taringa están imputados”, detalla el diario argentino Clarín.

Los titulares del sitio están acusados de violar el artículo 72 de la ley de propiedad intelectual, que castiga con penas de un mes a seis años de prisión a quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”.

“Los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares”, sostuvo la Cámara del Crimen cuando confirmó sus procesamientos, y agregó que eso se hizo “sin que la maniobra fuera evitada por la administración”.

Los acusados alegan que ellos sólo ponen a disposición un sitio web y que los intercambios de archivos los realizan los usuarios.

“Adviértase que si bien los autores del hecho finalmente serían aquellos que subieron la obra al website y los que ‘la bajan’, lo cierto es que el encuentro de ambos obedece a la utilización de la página, siendo sus responsables al menos partícipes necesarios de la maniobra y además claros conocedores de su ilicitud”, rechazó la Cámara.

El tribunal alegó también que los dueños del sitio obtienen ganancias ya que “tiene un ingreso masivo de usuarios mediante el cual percibe un rédito económico con la venta de publicidad, la que en el negocio informático se abarata o encarece en función de la mayor cantidad de visitas que recibe”.

La defensa de los acusados sostuvo que los archivos están almacenados en un sitio de descargas ubicado en el extranjero, por lo que no puede aplicarse la ley argentina.

Sin embargo, la Cámara consideró que si bien es cierto que las descargas se hacen desde una web en el extranjero, el “dominio taringa.net desde donde se ofrecía su descarga (kui.wiroos.com.ar y lanark.wiroos.com), y cuyos titulares serían los imputados, registran domicilio en la República Argentina”.

El presunto conflicto de intereres en este contexto entre los autores y los “consumidores” pinta un cuadro de nuestro trabajo muy alejado de la realidad. En un trabajo compartido, los artistas comercializan sus obras poniéndolas en manos de los editores, las galerías, los productores y las sociedades de gestión colectiva, que representan y defienden sus intereses. Las nuevas realidades de la digitalización e internet no son una razón para justificar el robo secular de la propiedad intelectual, o incluso para pedir su legalización. Por el contrario, es necesario reforzar la protección de los derechos de autor y adaptarlos a las condiciones actuales de acceso rápido y masivo a los productos del trabajo intelectual.

El derecho de autor hace que los artistas y autores podamos vivir de nuestro trabajo y nos protege a todos, también de las compañías globales de internet, cuyo modelo de negocio permite la privación de los derechos de los artistas y escritores. La presencia cotidiana y los beneficios de internet en nuestras vidas no pueden justificar el robo y no son una excusa para la codicia o la avaricia”.

Con esos tres párrafos, un centenar de autores y artistas alemanes ha expresado con claridad y contundencia su preocupación por la situación actual y el futuro de los derechos de propiedad intelectual, que consideran deben protegerse mejor en internet. El manifiesto, publicado originalmente en el semanario alemán Die Zeit el pasado 10 de mayo junto a la lista de los cien primeros autores que lo suscribían, fue reproducido en un sitio web para ir actualizando la lista de adhesiones. En pocos días ha superado los 3.000 firmantes.

Este es el segundo manifiesto de esta naturaleza que se publica en los últimos meses en Alemania: en marzo, un grupo de 51 guionistas de la serie policiaca de televisión “Tatort” presentó una declaración conjunta en contra de aquellos que “quieren convertir la cultura de lo gratis en internet en un derecho fundamental”. “Las críticas se dirigen en parte en contra del Partido Pirata que, con la bandera del libre acceso a contenidos en internet, ha logrado éxitos electorales en varias elecciones regionales en Alemania”, informa la agencia Efe.

La herramienta fue creada por dos hermanos rusos, Andrei y Alexei Klimenko (CEO y CTO, respectivamente), y su amigo Dmitry Shuvaev (director de desarrollo) en 2009, cuando trabajaban en la construcción de un sistema que permitiese a los proveedores de acceso a internet (ISP) controlar el tráfico de sus redes. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que podía ser utilizada para proteger el copyright: “Después de crear el prototipo, nos dimos cuenta de que podríamos evitar que se descargasen archivos, lo que significaba que el programa era una gran promesa en la lucha contra el contenido pirateado”, explicó el CEO de Pirate Pay a Russia Beyond The Headlines.

Para desarrollar esta idea, cuyo funcionamiento no han revelado, necesitaban financiación, que llegó principalmente de Microsoft, que aportó 100.000 dólares a través de su fondo Microsoft Seed Financing Fund. De este modo, Pirate Pay pudo colaborar en diciembre del año pasado con productoras como Walt Disney y Sony Pictures. Así, por ejemplo, trató de evitar la descarga de una película rusa, Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy. Según su blog, consiguieron impedir que esto ocurriese en 44.845 ocasiones a lo largo de 30 días.

En respuesta al diputado de la Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Yuste, integrado en el grupo parlamentario Izquierda Plural, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha recordado que en la actualidad existen ya en España ocho entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA, AISGE, AIE, AGEDI y EGEDA) que han obtenido la oportuna autorización administrativa, quedando abierta la autorización de nuevas entidades con pleno sometimiento y cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

“Por tanto, legalmente, no se puede hablar de situación monopolística, atendiendo a las especiales circunstancias que representa la protección de la propiedad intelectual y su consideración como razón de interés general, y al procedimiento administrativo legalmente establecido para la autorización de las entidades de gestión”, remarca el Ejecutivo.

1) 7RM(TV autonómica): A mis espaldas, sin mi autorización ni conocimiento, publica y divulga documentales realizados por mi productora (ZINE, edición de imagen). Con las alteraciones y modificaciones pertinentes, aquéllos son manipulados y presentados como propios, sin citar fuente ni autoría. Se trastocan y reelaboran mediante el “corta y pega” de aquí y de allá, rompiendo la integridad de la obra firmada por ZINE, titular de los derechos. Son difundidos también a través de internet y mantenidos fuera del horario de emisión.

En la producción de ZINE han intervenido escritores, autores y especialistas en la cultura murciana y recoge tiempos, usos y personajes ya desaparecidos. Contiene series de TV y enciclopedias audiovisuales- de lo que han hecho un descaradísimo vaciado- que los convierten en documentos extraordinarios y de un valor incalculable, más aún para la 7 (logo de la TV autonómica), que nace- 2006- sin fondo de imágenes ni archivo audiovisual. El material usado fraudulentamente le ha resuelto a la cadena años de programación y producción, con todo lo que eso supone de ahorro económico y ganancia de tiempo. Sentí náuseas al comprobar que en el paquete aparecían, además, programas de TVE-Murcia dirigidos por mí y anteriores a mi época de ZINE.

Los autores y emisores de la piratería y plagios apuntados, en modo alguno pueden aducir inocencia o ignorancia, puesto que han sido amigos personales y/o colaboradores de mi productora, quienes fueron advertidos de buena fe y, más tarde, haber sido los hechos puestos en conocimiento de la Administración, pese a lo cual persisten en las mismas prácticas.

2) REGIÓN DE MURCIA DIGITAL (página web de la Comunidad Autónoma de Murcia): Mantiene vídeos en las diferentes temáticas. Algunos de ellos se han confeccionado utilizando el banco de imágenes de ZINE y emitidos en 7RM. Por numerosos no los detallo.

En la misma página web, además de piratería, entramos en el terreno del plagio en el título El cancionero popular, donde Alicia Parra, redactora, copia completamente para el programa El tiempo vivido, de 7RM (TV autonómica) el guión literario del documental MURCIA, MÚSICA Y DANZA, que fue realizado por ZINE para la EXPO de Sevilla. Aparece con logotipo de la TV autonómica: 7.

Por otro lado, en Onda Regional, emisora de radio del ente RTRM, en donde diariamente colabora J. B. Sanz García, no resulta extraño escuchar voces o extractos de grabaciones de ZINE para enriquecer su espacio.

Lo sucedido se explica como sigue: Dos años después del cierre de ZINE, e. de i., nace la TV autonómica, 7RM, reitero que sin fondo audiovisual. Conocedores de la trayectoria y del archivo de mi productora, responsables de la cadena acuerdan con el otro socio de la misma, Juan Bautista Sanz García -contra quien mantengo un litigio judicial por apropiación indebida-, el uso y disfrute de los contenidos y documentales de ZINE. Dado que es un acto fraudulento por ocultármelo y apropiarse de mi trabajo y mis derechos, Manuel González-Sicilia, profesor de Comunicación en la UCAM de Murcia, crea GS2, agencia de comunicación, que se presta a actuar de tapadera para venderle a 7RM las imágenes que ésta va a explotar en la cadena en general y, fundamentalmente, para poner en marcha, y nutrir la base del guión de dos programas: Calle Mayor, de emisión diaria; que se mantuvo en antena alrededor de tres años, y El tiempo vivido, en horario de noche y prime time.

En los créditos de Calle Mayor, aparecen:

Adolfo Fernández, director (asimismo director de antena de 7RM)

Juan B. Sanz García, asesor de contenidos (y como azafata, su hija).

En El tiempo vivido figuran:

Juan B. Sanz García, director.

Carlos González-Sicilia, ayudante de dirección (hijo de Manuel Glez-Sicilia, o GS2).

Alicia Parra García, redactora (novia de J. B. Sanz García).

Oportuna y reiteradamente fueron advertidos e informados de estas irregularidades Juan Máiquez, director general de RTRM; Diego Carvajal, secretario general de RTRM; Adolfo Fernández, director de antena de RTRM, y Ramón Luís Valcárcel, presidente de la Comunidad de Murcia, que al cabo de un año me procuró una reunión con el secretario general de Presidencia, José Gabriel Ruiz, a quien referí lo que sucedía con abundancia de pruebas y documentación. A todo, todos dieron carpetazo. Pero en el silencio, todos se han lucrado y a J. B. Sanz se le premió con un nuevo programa.

Así pues, denuncio por el hartazgo y desánimo que me produce la actuación de la Justicia española,

Por el hartazgo y desánimo que me produce en democracia la inoperancia de sus mecanismos de defensa.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me producen los políticos sobrados, compadres de actos reprobables.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me produce la irresponsabilidad de los responsables.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me produce la proliferación de advenedizos en el periodismo.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me produce el uso amoral de mi profesión.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me producen piratas con ínfulas de talento y dignidad.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me producen trepas sin el menor sentido de la ética y deontología profesional.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me producen falsos profesionales en puestos de dirección.

Por el hartazgo, desánimo y repugnancia que me producen usurpadores del mérito de otros.

Para animar a otras víctimas a desenmascarar a sus arribistas.

Porque soy periodista.

Dora M. Alfaro.

Como vicepresidentes fueron elegidos Miguel Hermoso, por el Colegio Audiovisual; Fermín Cabal, por el Colegio de Gran Derecho; y Teresa Alfonso (Teddysound), por el Colegio de Editores. Asimismo quedó constituido el nuevo Consejo de Dirección, órgano al que corresponde la administración permanente y ejecutiva de la entidad, formado por doce miembros designados por la Junta Directiva a propuesta de los colegios profesionales respectivos: dos de Gran Derecho, cinco de Pequeño Derecho, dos de Audiovisuales y tres de Editores.

Una de las claves en la elección de Reixa fue el voto en bloque de los editores, con ocho representantes en la Junta Directiva, que, según había adelantado Álvaro Torres antes de comenzar el acto, decidieron inclinarse por la «mayoría natural» obtenida por la candidatura de Reixa en las pasadas elecciones. Tan solo hubo dos ausencias: Eva Yerbabuena (de Aunir), cuyo embarazo estaba muy avanzado, y Miguel Ríos, candidato independiente, que estaba de viaje en Sudamérica. Ninguno de ellos pudo delegar el voto. Reixa obtuvo tres votos más de los sumados por los trece miembros de Aunir presentes y los ocho editores.

En sus primeras declaraciones al frente de la entidad, Reixa ha subrayado que “quiere una SGAE menos presidencialista y más discreta con una junta directiva más participativa”. “Mi intención es que la presidencia abandone los personalismos”, ha añadido. Además, ha destacado que el patrimonio de la entidad lo constituye no solo el repertorio de obras que gestiona, sino también “el conocimiento de los trabajadores” de la misma, a los que quiso felicitar por su trabajo y compromiso a lo largo de los últimos meses.

Revisar el presupuesto de 2012
Después de unas cuatro horas de reunión de la primera Junta Directiva que salió de las elecciones del pasado 26 de abril, Reixa aseguró: «Aspiramos a una SGAE más discreta, no presidencialista y colegiada». Revisar el presupuesto de 2012 y desarrollar un plan de eficiencia, así como afrontar el «problema» de la Red Arteria y consensuar el nombramiento de un consejero delegado seràn las prioridades.

También preparar una Asamblea Extraordinaria en la que propondrá revisar los estatutos de la entidad para, entre otras muchas cuestiones, “rebajar las facultades del presidente”. Sobre su sueldo al frente de SGAE, ha indicado que no sabe cuanto será, pero que cree que será de unos 50.000 ó 70.000 euros al año, como el del anterior presidente de la Junta -que no era Teddy Bautista, quien ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Dirección y cobraba más-. A este respecto, ha aclarado que ahora la figura del presidente de la Junta Directiva y del Consejo es la misma.

En un comunicado, la Secretaría de Estado de Cultura felicitó a Antón Reixa, valorando especialmente el crecimiento significativo del número de socios con derecho a voto: “Las reformas estatutarias de la SGAE aprobadas por la Secretaría de Estado de Cultura han tenido un efecto positivo y suponen un avance hacia una entidad más participativa”, indicaba el texto.  También expresaba el deseo de que Reixa pueda avanzar en “el proceso de reestructuración de la SGAE” y en la “búsqueda de una gestión eficaz y transparente”. “La Secretaría de Estado de Cultura continuará llevando a cabo las actuaciones en su ámbito de competencias para el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas y por la defensa de los intereses generales de la propiedad intelectual”, agregaba el comunicado.

Antón Reixa nació en Vigo en 1957. Licenciado en Filología, es poeta, músico, guionista, director y productor de cine y televisión. Preside la productora audiovisual Filmanova desde 1999 y ha sido presidente del Clúster Audiovisual de Galicia. Actualmente colabora en el programa de Onda Cero Julia en la Onda. Como artista multimedia comenzó su andadura escribiendo poesía desde el Grupo de Comunicación Rompente (1975). Fue letrista y cantante del grupo Os Resentidos (1982-94). Son múltiples sus trabajos en el campo de la vídeocreación, produciendo numerosos videoclips; en este sentido, su última obra, Leccións de Cousas, se ha expuesto en el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporáneo) de Santiago de Compostela hasta el pasado mes de octubre 2011. Su último libro de poesía publicado es Látego de Algas (agosto 2008). Productor Ejecutivo de Cine y Televisión, ha sido director, guionista y productor de las películas El Lápiz del Carpintero y Hotel Tívoli.

“Corresponde a la Generalitat de Cataluña, la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual, que incluye en todo caso:

1. El establecimiento y la regulación de un registro, coordinado con el del Estado, de los derechos de propiedad intelectual generados en Cataluña o de los que sean titulares personas con residencia habitual en Cataluña; la actividad de inscripción, modificación o cancelación de estos derechos, y el ejercicio de la actividad administrativa necesaria para garantizar su protección en todo el territorio de Cataluña. La Generalitat debe comunicar al Estado las inscripciones efectuadas en su registro para que sean incorporadas al registro estatal; debe colaborar con éste y facilitar el intercambio de información.

2. La autorización y la revocación de las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Cataluña, así como asumir tareas complementarias de inspección y control de la actividad de dichas entidades”.

Así, desarrollando dicho artículo 155, el texto elaborado por el Departament de Cultura especifica: “Este Decreto tiene por objeto regular las especificidades del procedimiento para autorizar a las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Cataluña”. El proyecto de la Generalitat concreta la posibilidad que le brinda el Estatuto, mencionada en más de una ocasión durante los últimos meses por su consejero de Cultura Ferran Mascarell, de regular la creación de entidades de gestión colectiva de derechos de autor “catalanas”.

Un decreto anunciado
El pasado mes de noviembre, como participante en una de las mesas de debate organizadas por Ibercrea en el marco de las jornadas La creación del mundo, Mascarell se refirió a la cuestión en varias ocasiones. Una de sus primeras reflexiones consistió en cuestionar, en el contexto de la gestión colectiva, el concepto de “unidad de mercado” cuando se refiere a España (“el mercado que interesa a los autores seguramente es el mercado mundial, no el catalán ni el español”):

El consejero de Cultura de la Generalitat señaló que la futura ley de propiedad intelectual debería tener “un espítitu global”: “No me sirve el debate comunidades autónomas/España. Es un mal debate. Claro que lo haremos, [...] si los autores catalanes quieren podrán ejercer el derecho que les permite el Estatuto de crear entidades de gestión”.

Y añadió: “Yo no lo recomendaré. Recomendaré entidades de gestión lo más colectivas posible. Pero en las que el conjunto de los autores de cada zona de nuestro país, de cada zona del Estado, tenga el papel “político”, en el sentido fuerte de la palabra, que les corresponde. Por tanto no es un problema de unidad, es un problema de poder, de cómo en cada comunidad [...] los creadores tienen el lugar que les corresponde en esa gestión colectiva”.

Durante el turno de preguntas, Mascarell abundó en la cuestión: “Es fácil de entender que a mí me toque defender, también porque las leyes lo permiten, que los creadores catalanes tengan el poder necesario en las entidades de gestión en las que participen [...] Recomendaré a los autores catalanes que se organicen. Que sepan lo que quieren y que se… la palabra me da lo mismo: asocien, federalicen, confederalicen… con el resto de creadores españoles y europeos, con los que tienen intereses comunes”.

Mascarell insistió en que en el mundo el debate sobre la propiedad intelectual se está produciendo entre las grandes regiones del mundo, no entre realidades tan pequeñas como Cataluña o España: “En ese contexto, mi obligación es que los autores catalanes, autores catalanes simplemente porque viven y trabajan en Cataluña, tengan el mejor lugar y el máximo provecho”, precisó.

Hasta el momento, la Comisión Europea (CE) había defendido ACTA, y de hecho 22 de los 27 países comunitarios lo han firmado ya (algunos, como Alemania, han congelado su ratificación), pero en febrero pasado decidió remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre su legalidad. ACTA fue negociado por la UE y otros países como Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Suiza y Japón, pero para entrar en vigor necesita la ratificación de al menos seis de los firmantes. La UE está representada como bloque.

Según The Telegraph, los intentos de acceso se desvían a una página que explica que The Pirate Bay “no está disponible a través de Virgin Media”. Según la prensa local, Virgin Media está utilizando una versión adaptada de su sistema ‘bloqueador de web’, utilizado principalmente hasta la fecha para restringir el acceso a contenidos delictivos como, por ejemplo, archivos de pornografía infantil.

Este lunes, la Corte Suprema británica ordenó a los principales ISP de Reino Unido el bloqueo del acceso a The Pirate Bay después de confirmar una sentencia anterior que dictaminaba que el sitio web viola masiva y sistemáticamente la legislación sobre propiedad intelectual, permitiendo el intercambio ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor.

Según TorrentFreak este martes, al día siguiente de hacerse pública la sentencia, The Pirate Bay, que en Reino Unido cuenta con unos tres millones de usuarios habituales, tuvo doce millones de visitas más de lo normal gracias a la “publicidad gratuita” que supuso para el sitio la difusión de la noticia en los principales medios de comunicación.

“Este principio ha sido confirmado por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como por el Tratado sobre Derecho de Autor“, detalla la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su sitio web. El tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye: obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.

“La protección por derecho de autor de los programas informáticos existe en la mayoría de los países y ha quedado armonizada en tratados internacionales a tal efecto. La legislación relativa a la patentabilidad de los programas informáticos no está aún armonizada a escala internacional, si bien ha sido reconocida en algunos países, mientras que en otros, se han preferido enfoques que reconocen las invenciones asistidas por programas informáticos”, señala la OMPI.

El dictamen del TJUE se refiere al litigio entre las empresas informáticas SAS Institute y Word Programming Limited. La primera creó un conjunto de programas que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de procesamiento y análisis de datos, en particular, de datos estadísticos, y que está escrito en el lenguaje de programación SAS. Word Programming Limited creó un programa alternativo que puede ejecutar programas de aplicación escritos en lenguaje SAS. Si bien nada permite afirmar que la compañía haya copiado el código fuente de los componentes SAS, la empresa SAS Institute recurrió ante la justicia británica alegando una infracción de sus derechos de autor sobre sus programas de ordenador.

El Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva 91/250 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador extiende la protección por los derechos de autor a todas las formas de expresión de la creación intelectual propia del autor de un programa de ordenador. En cambio, las ideas y principios implícitos en cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no están protegidos mediante derechos de autor con arreglo a dicha Directiva.

La sentencia señala que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, debe interpretarse en el sentido de que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva.

En cualquier caso, también concluye el TJUE que el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Diferentes interpretaciones
Que el caso llegase hasta el TJUE responde a las diferentes interpretaciones que, con la consecuente controversia, ha suscitado la propiedad intelectual en el campo de la informática: “En las décadas de 1970 y 1980 se llevaron a cabo amplios debates para saber si los programas informáticos debían protegerse mediante el sistema de patentes, el sistema de derecho de autor o un sistema sui generis. Como resultado de estos debates, se llegó a un principio generalmente aceptado, según el cual, los programas informáticos deberían estar protegidos por el derecho de autor, mientras que los aparatos que usaran programas informáticos o inventos relacionados con este tipo de programas deberían estar protegidos por patente”, explica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Otra cosa es el lenguaje de programación con el que ha sido creado dicho programa o la funcionalidad del mismo, objeto de la reciente disputa entre SAS Institute y Word Programming Limited.

“El derecho de autor y el derecho de patentes ofrecen distintos tipos de protección. La protección por derecho de autor abarca únicamente las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, mientras que una patente es un derecho exclusivo concedido para una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica para un problema. En los países parte en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna), la protección por derecho de autor no requiere ninguna formalidad, lo cual significa que la protección no depende del cumplimiento de formalidad alguna, tal como un registro o un depósito de copias. Sin embargo, una patente se suele conceder después de que un organismo gubernamental ha llevado a cabo todo un procedimiento de examen”, añade la OMPI.

Willetts, que había anticipado las claves de su discurso en un artículo publicado el día anterior en The Guardian, afirmó: “Mi departamento gasta alrededor de cinco mil millones cada año en financiar la investigación académica. [...] Financiamos la investigación porque fomenta el conocimiento humano y conduce el progreso intelectual, social y económico. [...] Dar a las personas el derecho a circular libremente por la investigación financiada con fondos públicos será el comienzo de una nueva era de descubrimientos académicos y de colaboración, y pondrá a Reino Unido a la vanguardia de la investigación abierta”.

El ministro británico reconoció en cualquier caso que no es tarea fácil: “La controversia reciente sobre las críticas falsas en TripAdvisor nos recuerdan lo importante que es la edición y revisión de contenidos. [...] Y pasar de una época en que los artículos académicos financiados por los contribuyentes están detrás de una barrera de pago durante gran parte de su vida a otro en el que estén disponibles pronto y gratis no será fácil. No están claras las compensaciones. Si quienes financian la investigación pagan a las publicaciones de acceso abierto de antemano, ¿dónde deja esto a los investigadores individuales que no pueden asumir ese coste? Si mejoramos el acceso mundial a la investigación de Reino Unido, ¿qué obtendremos en respuesta? ¿Tener una preferencia por el acceso abierto implicará diferentes incentivos para diferentes disciplinas?”.

La Wikipedia como modelo a seguir
David Willetts explicó que para dar respuesta a esas y muchas otras preguntas el Ministerio de Ciencia y Universidades ha pedido a la académica Janet Finch la elaboración de un informe que deberá presentar antes del verano. La ex rectora de la Universidad de Keele discutirá con los académicos, bibliotecarios y editores cómo un régimen de libre acceso a la investigación financiada con fondos públicos puede funcionar en Reino Unido.

Willetts confirmó además que también ha pedido ayuda a Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia: “Hace veinte años habría sido imposible imaginar una enciclopedia escrita por millones de personas, con colaboración abierta y libre a través de internet. Hoy en día Wikipedia es una parte importante de nuestras vidas y su cofundador Jimmy Wales nos va a asesorar sobre las normas comunes que tendrán que ser acordadas y adoptadas para que el acceso abierto sea un éxito, y también ayudará a asegurar que el nuevo portal financiado por el gobierno para acceder a la investigación realmente promueve la colaboración y el compromiso. Queremos aprovechar las nuevas tecnologías para permitir a la gente comentar y calificar los trabajos publicados en formas que antes no eran posibles, y queremos que el desarrollo de nuevos canales online permita a investigadores de todo el mundo colaborar y compartir datos y crear nuevos grupos de investigación. Con la ayuda de Jimmy Wales estoy seguro de que podemos lograr todo esto y mucho más”.

Wales inicialmente asesorará a los consejos de investigación del proyecto de dos millones de libras Gateway to Research (‘puerta a la investigación’), un sitio web que dará acceso a toda la investigación desarrollada en Reino Unido financiada con fondos públicos.

‘Academic Spring’
La medida alentaría, como señala Alok Jha tambien en The Guardian, a lo que se ha denominado “la primavera académica”, una campaña cada vez más intensa entre los académicos y los proveedores de fondos de investigación para lograr el acceso abierto en las publicaciones académicas. Más de 10.000 profesores se han unido ya a un boicot a la editorial holandesa Elsevier en protesta por sus precios y políticas de acceso. Muchas bibliotecas universitarias pagan más de la mitad de sus presupuestos a los editores de revistas de Elsevier, Springer y Wiley. Las suscripciones a los miles de revistas de investigación puede llegar a costar unos cuantos millones a la biblioteca de la universidad, y recientemente la biblioteca de la Universidad de Harvard emitió un comunicado recomendando acciones concretas a su personal docente e investigador para reducir esos costes, que considera “inasumibles”, y ofrecer sus investigaciones en publicaciones de acceso abierto.

Uno de los mayores retos para lograr el pleno acceso abierto a la investigación será la resistencia de los editores de revistas a cambiar sus modelos de negocio. La mayoría de la investigación científica en el mundo, estimada en alrededor de un millón y medio de nuevos artículos cada año, se publica en revistas de propiedad de un pequeño número de grandes editoriales como Elsevier, Springer y Wiley. Los científicos envian manuscritos a las revistas, los cuales son enviados para su revisión antes de su publicación. La obra queda a disposición de otros investigadores por suscripción, por lo general a través de sus bibliotecas. Los editores de las revistas académicas argumentan que el precio es necesario para sostener un proceso de alta calidad de revisión.

“Me complace felicitar a los Gobiernos de España y Malasia por los avances que han dado lugar a su salida de las listas 301″, afirmó en la presentación del informe el Representante Comercial Ron Kirk. “España ha sido eliminada de la Watch List por la aprobación del reglamento de una ley para combatir la piratería en internet”, destaca la oficina comercial estadounidense.

Estas declaraciones confirman el peso que ha tenido la aprobación del reglamento de la Ley Sinde en la decisión del organismo estadounidense, que ha decidido sacar a España de la lista de vigilancia a pesar de que la IIPA (la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual a la que pertenecen las principales patronales estadounidenses de las industrias culturales) recomendase mantenerla en ella. Varios miembros de la IIPA consideran que es pronto para sacar a España de la lista.

No obstante, “EE UU vigilará la aplicación de estas medidas y su eficacia general en el tratamiento de la piratería en internet”, asegura el informe: “EE UU sigue teniendo serias preocupaciones con respecto al incumplimiento criminal de las leyes de propiedad intelectual, en particular por una circular de 2006 de la Fiscalía General del Estado que parecía descriminalizar el intercambio de archivos P2P, e insta a España a tomar medidas para solucionar ese grave problema”, añade.

Esta cuestión preocupa a las autoridades comerciales estadounidenses desde la primera inclusión de España en el informe en 2008: “A EEUU le preocupa la insuficiencia de esfuerzos para hacer frente al creciente problema de la piratería en internet por parte del Gobierno de España, un país al que el sector de los derechos de autor de EEUU define como uno de los peores de Europa. También hay una percepción generalizada en España, errónea, de que utilizar redes P2P para compartir archivos es legal”, afirmó el USTR entonces.

La sección 301 de la Trade Reform Act
Las listas de vigilancia 301 toman su nombre de la sección 301 de la Trade Reform Act, una ley de comercio estadounidense de 1974 cuyo título tercero se refiere a la protección frente prácticas comerciales desleales. En el primer capítulo de dicho título, sobre las restricciones a las importaciones y las subvenciones a la exportación, la sección 301 especifica las respuestas que podrá dar Estados Unidos a determinadas prácticas comerciales de los gobiernos extranjeros. Esta ley ha sido muy utilizada desde los años 80 por diferentes gobiernos de EEUU para ayudar a sus empresas en las relaciones comerciales internacionales.

Según la sección 301 de la Trade Reform Act, cuando prácticas comerciales desleales en terceros países perjudiquen especialmente a las empresas estadounidenses, el Gobierno estadounidense podrá tomar medidas. También en lo que respecta a los contenidos culturales: estar entre los países en los que las autoridades no garantizan el respeto a la propiedad intelectual de sus socios comerciales y por tanto no son recomendables para hacer negocios podría llegar a suponer que las empresas españolas de los sectores vinculados (editoriales, productoras audiovisuales, sellos discográficos, etc.) no pudieran mantener relaciones comerciales normales con compañías estadounidenses, ya que cuando un estado permanece durante un tiempo prolongado en alguna de las listas 301 el USTR se reserva unilateralmente el derecho a imponer restricciones y sanciones comerciales.

El Gobierno español considera la decisión “muy positiva”
El Gobierno español ha calificado la decisión como “muy positiva”: “Muestra el claro compromiso de garantizar los derechos de propiedad intelectual en nuestro país y de potenciar los nuevos modelos de negocio en internet”, ha afirmado la directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, Teresa Lizaranzu, también presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual creada a raíz de la llamada ley Sinde. Por su parte, la Secretaría de Estado de Cultura ha afirmado en un comunicado que la eliminación de la lista es “muy positiva y responde al claro compromiso del Gobierno de garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país y los nuevos modelos de negocio en internet”.

El Special 301 Report, elaborado anualmente por EEUU y que evalúa la situación de la piratería digital fuera del país, mantiene a China a la cabeza de su lista de “vigilancia prioritaria”. China aparece acompañada de otra docena de estados, entre los que figuran tres latinoamericanos (Argentina, Chile y Venezuela) y países como Argelia, Canadá, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Rusia, Tailandia y Ucrania. En la segunda lista de países “bajo vigilancia”, en la que estaba España hasta ahora, se mantienen otros cuatro países europeos: Italia, Finlandia, Grecia y Noruega.

El servicio sueco ha sido sometido a examen en diferentes países en los que se han emprendido acciones en su contra. Varios de sus fundadores se enfrentan a penas de cárcel en Suecia y en Finlandia. Según un portavoz de la Industria Fonográfica Británica (BPI), el portal ha “destruido puestos de trabajo en Reino Unido y ha socavado la inversión en nuevos artistas británicos”. Para la BPI la decisión confirma que las actividades de The Pirate Bay suponen una vulneración masiva de los derechos de autor.

El nuevo videoclub online, en fase beta, cuenta actualmente con un catálogo de unos 1.500 filmes y unas 50 series, aunque según sus promotores a finales de  2012 habrá duplicado esas cifras: “A diferencia del resto de plataformas, nosotros tenemos un enfoque mucho más abierto. Creemos en que el usuario pueda decidir. Por eso queremos darle el mayor catálogo posible y todas las posibilidades para elegir y consumir”, explica Moreno. “Nubeox tiene acuerdos con los principales estudios de Hollywood, además de compañías de distribución europeas y españolas. Los usuarios se van a encontrar con la mayor oferta audiovisual del mercado online en nuestros país”, añade.

Nubeox ofrecerá varias modalidades de uso: alquiler, compra y suscripción con tarifa plana. “El alquiler es lo más sencillo, la cultura de videoclub ya existe”, señala Moreno. A la larga, Nubeox pretende convertirse en “una comunidad de ocio y entretenimiento online” en la que disfrutar de eventos en directo, contenidos musicales o editoriales.

Al visitar cada película el cliente, además de ver el tráiler, la sinopsis y la ficha, podrá escribir comentarios y valoraciones. También podrá cruzar contenidos mediante etiquetas (navegar por directores, actores, películas relacionadas) y saltar de título en título según el género (acción, drama, terror, etc.), su época (desde los años 60 hasta los estrenos más recientes) o la calificación por edades. Nubeox ha llegado a un acuerdo con la revista Fotogramas para servir las críticas de cada cinta.

Oferta de lanzamiento
Aún en fase beta, Nubeox arranca con una oferta para llamar a los usuarios a probar el portal. Solo por darse de alta y con la activación del PIN recibirán en su cuenta un código por valor de cuatro euros, que ascenderá hasta los 20 euros si el usuario se apunta al Club e ingresa diez euros en su cuenta. Además, durante este primer año, los usuarios Club contarán con veinte euros para ir consumiendo como quieran y tendrán acceso durante un año a un Plan Permanente de Descuentos, con descuentos de hasta el 50%.

Con este nuevo lanzamiento, la oferta para ver legalmente películas y series en España supera la decena de videoclubs online, ya que Nubeox se suma a un destacado grupo de sitios web en el que destacan ADNStream, Cineclick,  Filmin, Filmotech, Mitele, Sony Videos, Voddler, Wuaki, Yomvi y Youzee, además de iTunes/AppleTV.

Para llegar a los 31 miembros que asignaban los tres colegios principales (relativos a los ámbitos musical, audiovisual y escénico) solo falta un puesto, el que obtuvo el músico Miguel Ríos, el único independiente capaz de colarse entre las listas principales. En un cuarto colegio electoral, el de editores, solo se presentaban candidatos autónomos. Ocho de ellos salieron elegidos.

Un total de 3.884 votantes, que representan 34.258 votos, han ejercido su derecho al sufragio. En total, se han proclamado 173 candidaturas: 105 por el Colegio Electoral de Pequeño Derecho; 25 del Colegio de Gran Derecho; 33 del Colegio Audiovisual y 10 candidaturas del Colegio de los Editores. Los 21.129 socios -lo que supone un incremento del 157% respecto a los anteriores comicios celebrados el pasado mes de junio de 2011, donde hubo 8.220 socios con derecho a sufragio- han tenido la posibilidad de emitir su voto en las seis mesas electorales que se han constituido: la central en Madrid, y cinco autonómicas (Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago de Compostela).

Cada una de ellas, formada por un presidente -un notario que no ejerce como tal-; dos vocales -dos socios con derecho a voto pero no candidatos-, un mínimo de ocho interventores en representación de las candidaturas; y por el delegado de cada sede, que en el caso de Madrid es el secretario general de la SGAE, Francisco Galindo. En cada mesa se habilitaron cuatro urnas, una por cada colegio electoral -Gran Derecho, Pequeño Derecho, Obras Audiovisuales y Editores-.

Una Comisión Electoral -integrada por tres miembros independientes de reconocido prestigio: Rafael de Mendizábal Allende, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Pablo Jiménez de Parga Maseda, abogado, y Francisco-Javier Monedero San Martín, notario- ha sido la encargada de velar por la limpieza y normalidad del proceso electoral, por la que han salido elegidos los 39 integrantes de la Junta Directiva que representarán a los distintos colegios profesionales de la Sociedad.

Nueva Junta Directiva

Por el Colegio de Gran Derecho (6 miembros), que incluye escritores de obras dramáticas, dramático-musicales, autores de obras de pantomima, compositores de obras dramático-musicales o coreográficas y coreógrafos, los seis elegidos que formarán parte a partir de ahora de la Junta Directiva son:

1. Carles Alberola Ortiz.
2. Ana Isabel Álvarez-Diosdado Gisbert.
3. Fermín Cabal Riera.
4. Eva María Garrido García (Eva Yerbabuena).
5. Mariano Marín Rioja.
6. Antonio Ruiz Onetti.

En el Colegio de Pequeño Derecho (16 miembros), que agrupa a compositores y letristas, ocuparán un puesto los siguientes autores:

1. Manuel Aguilar Figuero.
2. Joan Albert Amargós Altisent.
3. César Cadaval Pérez.
4. J. Carmona Amaya (Juan Carmona).
5. Manuel de la Calva Diego.
6. José Miguel Fernández Sastrón.
7. Mónica Fernández de Valderrama.
8. Jesús Glück Sarasibar.
9. Óscar Gómez Díaz (Óscar Gómez).
10. Javier Losada Calvo.
11. Jayme Marques Serrano.
12. Antón Reixa Rodríguez.
13. Miguel Ríos C. (Miguel Ríos).
14. M. Rdez. V. Ferrer (Mercedes Ferrer).
15. J. Ruibal (Javier Ruibal).
16. José Zárate Rodríguez.

En el Colegio de Obras Audiovisuales (9 miembros), que agrupa a directores-realizadores, argumentistas o guionistas y compositores audiovisuales, los nuevos integrantes de la Junta Directiva elegidos por los socios son:

1. José Luis Acosta Salmerón.
2. Julia Altares Medina.
3. Mercedes Cruz Herrera.
4. José Luis Cuerda Martínez.
5. Enric Gomà Ribas.
6. Miguel Hermoso Torres.
7. Ángel Illarramendi Larrañaga.
8. Inés París Bouza.
9. Imanol Karmel Uribe Bilbao.

Por último, en cuanto al Colegio de Editores (8 miembros), la representación ha recaído en:

1. EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A. – Beatriz Gil Fernández de Angulo.

1. M 20, S.L. – Carlos Martínez Ortiz.
2. PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. – Rafael Aguilar Grabowsky.
3. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EDICIONES MUSICALES (SEEMSA) – Manuel

López Quiroga Clavero.

1. SONY ATV MUSIC PUBLISING SPAIN LLC S EN C – Juan Ignacio Alonso

Puig.

1. TEDDYSOUND, S.L. – María Teresa Alfonso Segura.
2. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.L. – Rafael Artero Montalván.
3. WARNER CHAPPELL MUSIC SPAIN, S.A.– Álvaro de Torres Zabala.

El 8 de mayo, primera sesión de la Junta Directiva

Será la nueva Junta Directiva, convocada para el próximo 8 de mayo, la que elegirá al presidente de la SGAE, que desempeñará este cargo durante los próximos cuatro años.

Entonces, como ahora, la cuestión central es si existe abuso de poder. La investigación de la agencia se ha centrado en si Google ha manipulado sus resultados de búsqueda, por lo que es menos probable que las empresas que compiten con Google o sus productos aparezcan en la parte superior de una página de resultados. Una portavoz de Google, que tiene su sede en Mountain View, California, declinó hacer comentarios.

Funcionarios de la Comisión Federal de Comercio advirtieron de que no se había tomado una decisión sobre si se debe presentar una demanda formal en contra de Google. Sin embargo, la contratación de Beth A. Wilkinson, ex fiscal de Justicia del Departamento que desempeñó un papel principal en la condena de Timothy McVeigh (el terrorista que puso una bomba en un edificio federal de Oklahoma en 1995), inmediatamente catapultó a la investigación a otro nivel. La agencia ha contratado litigantes externos solo dos veces en la última década.

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La ALDE, con 84 eurodiputados, es el tercer grupo tras el EPP (Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), con 265) y el S&D (Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas, con 184) en un Parlamento que ahora cuenta con 736 miembros (son necesarios 369 para constituir mayorías).

Según la ALDE, este tratado “podría poner en peligro otros derechos y libertades”. Según el líder del grupo, Guy Verhofstadt, a pesar de que ALDE apoya “de modo inequívoco” la protección de los derechos de propiedad intelectual, también defiende “los derechos y libertades fundamentales”.

“Tenemos la seria preocupación de que ACTA no alcanza el equilibrio justo”, afirma Verhofstadt. “Seguimos dando nuestro apoyo a los esfuerzos multilaterales para proteger los derechos de propiedad intelectual, pero aquellos basados en una aproximación al sector y un mandato transparente y públicamente debatido”, explica el grupo en una nota de prensa.

En este sentido, en otro documento, el grupo explica que “las definiciones de términos clave dentro del acuerdo no son lo suficientemente claras, especialmente dada la incertidumbre sobre cómo será implementado ACTA por la Comisión y los estados miembros de la Unión Europea”.

Por otro lado, consideran que ACTA engloba demasiados tipos de protección de la propiedad intelectual y trata los bienes físicos y los digitales de la misma forma, cuando, en su opinión, esta aproximación debería realizarse por sectores: “Un bolso falsificado es diferente de una película pirateada o una medicina que infringe una patente”, motivo por el que creen que “tratar todos estos problemas de la misma forma con las mismas leyes no es apropiado”. Según ALDE, utilizar diferentes instrumentos en función del sector permitiría responder mejor a las necesidades de cada uno de ellos.

Después de monitorear multitud de direcciones IP, la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) y TEOSTO -sociedad de autores finlandesa- acudieron a los tribunales para obtener las direcciones IP de 82 usuarios de dos importantes proveedores de internet (ISP) locales, Telia Sonera y Elisa, desde las que se habían colgado o descargado el disco de Packalen. Finalmente el tribunal determinó que Telia Sonera y Elisa debían proporcionar los nombres y domicilios de los presuntos infractores de los derechos de autor conforme a lo solicitado.

“Esperamos que las familias tengan una seria conversación con sus hijos”
Preguntado acerca de lo que IFPI y TEOSTO (o tal vez directamente Universal) pueden hacer con las identidades una vez que las han obtenido, Antti Kotilainen (miembro del equipo de lucha contra la piratería que llevó a cabo la investigación, el grupo TTVK) afirma: “Cada caso será investigado por separado. Las consecuencias pueden variar de una indemnización a una investigación criminal”.

Pero teniendo en cuenta el artista en cuestión, una especie de Justin Bieber finlandés, es probable que sean identificados muchos menores. ¿Qué pasará con ellos? “En esos casos, esperamos que las familias tendrán una seria conversación con sus hijos acerca de la piratería”, señala Kotilainen.

Jarkko Nordlund, CEO de Universal Music Finland, advirtió que más discos han sido objeto de seguimiento y podrían emprender más acciones: “Esta es una lucha constante contra la piratería. Queremos que la gente sepa que hay vías legales para comprar música online. Nos comunicaremos con la TTVK y veremos si hay infractores graves que llevar a los tribunales”, concluye Nordlund.