Un apagón digital protagonizado por Google, Yahoo, Twitter, Facebook, Paypal, AOL, Amazon, Mozilla y otras grandes ciberempresas debe ser algo bastante parecido al fin del mundo en el siglo XXI.

-Y si ocurriera, la gravedad de las consecuencias que detalla la autora no deja de ser una previsión subjetiva, quizá algo exagerada. Existe la posibilidad de que para la mayoría de empresas y ciudadanos estadounidenses dicho “fin del mundo” sea tan anecdótico o irrelevante como cualquier otra huelga, más o menos general.

Su desconexión voluntaria, aunque solo fuera durante algunas horas, supondría sufrir y provocar perdidas económicas millonarias y colapsar el tejido económico y social de Estados Unidos. Es poco probable que algo así ocurra… pero no es imposible.

-¿Realmente “supondría colapsar el tejido económico y social de Estados Unidos”? ¿Tiene datos la autora que sustenten esa afirmación?

Todas esas empresas, integradas dentro de la plataforma Netcoalition.com, han discutido la posibilidad de protagonizar un apagón digital este mes como medida de presión contra el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act), una especie de ley Sinde que desde el pasado octubre se discute en el Congreso estadounidense. Así lo sugirió recientemente Markham Erickson, presidente de Netcoalition y lo ha confirmadoa este diario su portavoz Jake diGregorio, aunque reconoció que se trataba, de momento, “solo de una idea”.

-Una idea respetable como legítima medida de presión política. Aunque en Estados Unidos, por mucho ruido que provoque en la red, el Estado no permitirá que se convierta en un chantaje.

La SOPA, que en su versión en el senado lleva las siglas PIPA y que será votada en esa cámara el próximo 24 de enero, ha puesto en pie de guerra a todo el planeta digital estadounidense, prácticamente sin excepciones.

-Quizá algunas empresas intentan evitar ser el siguiente blanco. Y aún así, en “el planeta digital estadounidense” hay gran cantidad de “excepciones”, muchas de las cuales incluso manifiestan públicamente su apoyo a SOPA. A pesar de los riesgos.

Propuesta el pasado octubre por el congresista republicano Lamar S. Smith y una coalición bi-partisana, la SOPA aspira a reforzar la persecución de la piratería digital otorgándole al Departamento de Justicia estadounidense el poder de criminalizar a toda web que aloje contenidos ilegales, desde un blog anónimo en Rusia a la mismísima red social Twitter si un usuario tuitea un link a una web con contenido ilegal.

-Eso, como ya ha aclarado en numerosas ocasiones el propio presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, es rigurosamente falso.

Las webs ubicadas fuera de Estados Unidos, que hasta ahora estaban a salvo de la justicia estadounidense, se convierten así en una de sus principales dianas. ¿Cómo? A diferencia del Digital Millenium Copyright Act, por el que se regía la persecución de la piratería online desde 1998 y que simplemente obligaba a una web a retirar el material ilegal (por ejemplo un vídeo de Youtube), la SOPA impone a los proveedores de internet, a los motores de búsqueda, a las empresas de publicidad y a las de pago online bloquear los servicios a escala mundial de toda web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia.

-También es falso que sea suficiente con que la web “esté bajo investigación”: solo una orden judicial permite emprender cualquier acción, ha aclarado también Lamar Smith.

Además obliga a los proveedores de dominios, (la gran mayoría están alojados en Estados Unidos, aunque la web esté por ejemplo en España), a inhabilitar toda web sospechosa, provocando de facto su desaparición de la red. De lo contrario, ellos mismos se exponen a entrar en la lista negra.

-Es mentira que vaya a ser posible “inhabilitar toda web sospechosa”: debe haber una orden judicial para emprender cualquier acción. Sorprende la facilidad con que los medios reproducen como hechos determinadas opiniones y ocultan lo que realmente dice la última versión del proyecto de ley SOPA.

Y eso, al margen de que la violación de derechos de autor conlleve o no un beneficio económico para la web que infringe la ley. Por ejemplo Wikileaks, que se ha dedicado a filtrar gratuitamente informes gubernamentales y por tanto protegidos por la legislación de propiedad intelectual, sería fulminada en el acto si la SOPA se aprobara.

-Las razones por las que Wikileaks podría ser sancionada bajo la ley SOPA no tienen absolutamente nada que ver con “informes gubernamentales protegidos por la legislación de propiedad intelectual”. Quizá algunas personas deberían leer el proyecto de ley SOPA. Especialmente si pretenden informar con rigor de su contenido.

“La gravedad de la ley reside en la vaguedad de su lenguaje, que puede interpretarse de forma tan amplia que desde los proveedores de Internet a los propios usuarios podrían convertirse en objeto de persecución legal”, explicó a este diario Jake diGregorio. “Creará nuevas herramientas para silenciar la libertad de expresión en Internet”, advierte la Electronic Frontier Foundation.

-El lenguaje de la ley no es nada vago, más bien todo lo contrario. Lo realmente vago es el uso continuo y en cualquier contexto del concepto “libertad de expresión” con el que se intenta justificar lo injustificable.

La SOPA ha puesto de manifiesto la gran brecha conceptual entre el mundo digital y el de las empresas tradicionales de contenidos.

-¿Conceptual? La brecha es exclusivamente de intereses económicos. Pero el Estado debe saber diferenciar entre cuáles son legítimos y cuáles no lo son.

Como afirmaba recientemente en The New York Times el especialista en tecnología David Carr,

-David Carr escribe sobre muchas cosas, pero nunca sobre tecnología.

“las empresas digitales ven la SOPA como una peligrosa y destructiva amenaza para la libertad en la web, acercándose a una regulación intrusiva como la que ha convertido China en el villano de los ciudadanos de la red”. Esas empresas, encabezadas por gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Yahoo o AOL enviaron en diciembre una carta al Congreso estadounidense subrayando su apoyo a los objetivos de la ley -luchar contra la piratería y reforzar las herramientas para combatir las páginas ubicadas en el extranjero que violan los derechos de autor- pero advirtiendo que tal y como estaba redactada “expondría Internet y las empresas a nuevas e inciertas amenazas, les privará de derecho de acción y obligará a controlar las webs”. O lo que es lo mismo, a censurarlas.

-No. Garantizar que cumplen las leyes no es censurarlas, ya que esas empresas actúan en función de sus propios intereses económicos. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith, ha ofrecido hoy mismo alguna aclaración más a David Carr en The New York Times.

Los dos grandes defensores de la SOPA son la Motion Picture Association of America (MPAA) que agrupa a las grandes productoras de cine estadounidense y la Recording Industry American Association (RIAA), que agrupa a las grandes discográficas. Además otras 140 empresas cercanas a ellas les apoyan.

-¿Cercanas a ellas? Basta repasar la lista oficial de empresas que respaldan el proyecto de ley y las diferentes cartas públicas de apoyo emitidas por decenas de empresas, organismos e instituciones para comprobar que alrededor de SOPA existe un consenso que va mucho más allá de la MPAA y la RIAA.

Según la MPAA, Estados Unidos pierde anualmente unos 46.000 millones de euros por culpa de la piratería mientras que la Cámara de Comercio de ese país, también defensora de la ley, afirma que 19 millones de puestos de trabajo están amenazados por ella.

El debate está candente y tanto el mundo internauta (Arianna Huffington, Jack Dorsey, Jimmy Wales o la Online News Association) como el de los defensores de las libertades civiles (desde la ACLU a Human Rights Watch) están luchando para cambiar el texto de la SOPA, cuya posible inconstitucionalidad ha sido denunciada por más de 100 profesores de leyes, que así se lo han hecho saber al Congreso.

-Es cierto que el debate está candente. Pero afortunadamente en el mismo se escuchan los argumentos tanto de las personas y organizaciones citadas por la autora como los de las decenas de personas y organizaciones con un punto de vista diferente. Y conviene recordar que hasta la fecha se han aceptado algunas enmiendas de opositores al proyecto, pero la inmensa mayoría de ellas ha sido rechazada. Es la diferencia entre un debate en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y un debate en las redes sociales y los periódicos.

Una cosa queda meridianamente clara: la ley Sinde en su versión estadounidense ya ha provocado bajo su suelo un auténtico terremoto.

-A muchos aliviará que lo sucedido hasta ahora sea considerado por la autora “un auténtico terremoto”: les permite hacerse una idea de lo que en el primer párrafo consideraba “algo bastante parecido al fin del mundo”.