En la primera sesión impartieron sus ponencias Miquel Peguera, profesor de Derecho Mercantil en la Universitat Oberta de Catalunya; Joan Barata, profesor de Derecho de la Comunicación de la Universitat Ramon Llull; Álvaro Domínguez, titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de la Audiencia Nacional; y Raúl García Orejudo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona. Los docentes fueron los primeros en considerar que la Ley Sinde dará más problemas que soluciones. Peguera aseguró que la ley será ineficaz -entre otras razones porque el reglamento que se elabore no modificará la Ley de Propiedad Intelectual-, y Barata que provocará inseguridad jurídica –porque la composición política de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual le restará cualificación.

Tampoco los jueces elegidos por el colegio la valoraron. El magistrado Álvaro Domínguez afirmó que con la creación de dicha Sección Segunda “la Administración se arroga competencias que no le corresponden y suplanta a los órganos judiciales”. Y fue crítico con el hecho de que el juez no pueda examinar el fondo de los asuntos y deba limitarse a determinar si el cierre de un sitio web vulnera o no la libertad de expresión. Raúl García Orejudo, autor de la sentencia que declaró en marzo de 2010 que los enlaces a contenidos no son comunicación pública, concretó que es “técnicamente poco correcta”.

El moderador del acto, profesor de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona y vocal permanente de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, Ramón Casas, mostró su preocupación por el redactado del futuro reglamento de la ley, pues no debería ser en dicho documento donde se defina qué es una violación de la propiedad intelectual. También el presidente de la sección de Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Imagen del colegio y codirector de la jornada, Pablo Ferrándiz, la considera una ley cuestionable ya que podría no respetar la separación de poderes.

“Mister, canon, mister Padawan, azote de la Sgae”
En la segunda sesión intervinieron Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas (AI); Albano Sánchez-Osorio, decano del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica en Informática de Cataluña (Coetic); Martí Manent, abogado, fundador y presidente ejecutivo de Derecho.com, vicepresidente de Confianza Online y vocal de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del colegio; Xavier Parache, director de Fomento en el Instituto Catalán de Industrias Culturales (Icic); Jorge Sánchez, abogado, jefe del área legal de Private Media Group; Carlos Sánchez Almeida, abogado, socio de Bufete Almeida; y Josep Jover, abogado en Estudis Jurídics y presidente de la Apemit, que fue presentado por el moderador, Rodolfo Tesone, como “mister, canon, mister Padawan, azote de la Sgae”. Tesone, presidente de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación del Colegio de Abogados de Barcelona, arrancó el acto afirmando: “Nadie cuestiona la propiedad intelectual, sino su modelo de explotación”.

La primera en intervenir fue Ofelia Tejerina: “No sabemos como va a interpretarse la ley. A los usuarios les decimos que sí, que claro que podrán seguir bajándose contenidos gratis, aunque lo harán de otra manera. Ya se habla de listas de correo electrónico, grupos, etc. La Ley Sinde no va a servir de nada”. Tejerina mostró una posición ligeramente diferente a la que mantenía: “Yo sigo con la misma tesis que sigue la Asociación de Internautas: no estamos de acuerdo con las descargas gratuitas, porque pensamos que sí son un ilícito civil”, afirmó hace apenas tres años en un debate televisivo.

“Podemos hacer mucho daño opinando”, recordó Tejerina, en referencia al trabajo que desarrolla la Asociación de Internautas y a las movilizaciones de internautas en general. También cargó contra la Sgae (“la Orden Ministerial que regula las tarifas de la Sgae está impugnada” y contra Teddy Bautista (“solo un ignorante creerá que los clientes tienen que cambiar”). Añadió una anécdota: “Una semana antes del estreno de Torrente 4 se quejaba de la piratería uno de los responsables de La daga de Rasputín; Santiago Segura ha demostrado que se puede hacer negocio con la cultura”. Lo que no explicó es que, influya este hecho más o menos en su éxito en taquilla, La daga de Rasputín se encuentra disponible en las principales páginas de descargas ilegales, mientras que es prácticamente imposible, a día de hoy, encontrar Torrente 4 (es decir, encontrar verdaderamente una copia de la película, y no el fake -un bucle de los primeros minutos repitiéndose durante dos horas- que alguien ha desparramado por todos los foros y sitios de descargas).

En su intervención, el decano del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica en Informática de Cataluña, Albano Sánchez-Osorio, lanzó una pregunta sorprendente: “Si ya pago adsl, router, etc. ¿por qué debo pagar canon?”. Y a continuación, una afirmación poco rigurosa: “La Ley Sinde no va a servir para nada porque la mayoría de servidores de intercambio de archivos se encuentran fuera de la jurisdicción española”. Sánchez-Osorio parece desconocer que el artículo 4 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), sobre “prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo”, dice: “A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 7.2 y 8”. La Ley Sinde ha añadido a la LSSI la letra e) del apartado 1 del artículo 8 y el apartado 2 del mismo artículo. La letra e) es la que incluye entre las causas de restricción de la prestación de servicios “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”. El apartado 2, añadido también por la Ley Sinde, regula la obtención de los datos para identificar a los “prestadores del servicio”.

“No aporta nada nuevo”
Martí Manent y Javier Parache coincidieron en lo esencial con los dos primeros ponentes. “Poco trabajo hará esta ley”, aventuró Manent. Y añadió: “Es necesaria una revisión de la propiedad intelectual. No me gustó ver como se modificaba la LSSI, porque era una buena ley. El problema es que la justicia española es lenta, pero la LSSI era buena. Ahora intentan saltarse el derecho a la privacidad”. Parache, por su parte, aseguró que es mentira que la piratería esté causando mucho daño a las industrias culturales: “El negocio se ha incrementado, aunque se ha configurado de otro modo la cadena de valor”. Y recordó el concurso de acreedores que debió presentar la productora Filmax: “Filmax perdió por apostar por el negocio del DVD. Pidió créditos a un pool bancario para comprar por una millonada los derechos de explotación de una serie de títulos en DVD. Cuando intentó explotarlos los derechos que había adquirido ya no valían lo que había pagado por ellos, lo que provocó la extinción de la compañía y la presentación de un concurso de acreedores por unos 173 millones de euros”. Parache no detalló si considera que la piratería digital tuvo alguna influencia en que los derechos perdieran en poco tiempo su valor de mercado.

Jorge Sánchez, abogado de la multinacional productora y distribuidora de contenidos para adultos Private Media Group, lamentó que, a su modo de ver, la Ley Sinde “no aporta nada nuevo”. Sánchez explicó que su empresa intenta proteger los derechos de los titulares incluso mediante la colaboración con las plataformas que les piratean contenidos, intentando alcanzar acuerdos para compartir el negocio. Por ejemplo, colaborando con webs que ofrecen descargas ilegales para implantar conjuntamente cuentas de usuario Premium y ofrecer, con alta calidad, los mismos contenidos que se habían alojado ilegalmente. Es una vía pragmática, pero no siempre es posible seguirla. Por eso un departamento interno rastrea la red en busca de links y envía cartas de desistimiento para asegurar el “conocimiento efectivo” y así poder exigir la retirada de los contenidos pirateados. También trabajan con varias empresas de tecnología especializadas en rastrear la red para encontrar y retirar esos contenidos.

¿Qué va a cambiar con la nueva ley? Según Sánchez, precisamente porque “todo se basa en el conocimiento efectivo y la retirada de material” es pesimista: “La retirada de facto casi nunca se produce y el contenido sigue ahí. Y sí, según dijeron ayer los especialistas, esta es una ley de dudosa legalidad con muy poco recorrido, tendrá escasa eficacia. En el peor escenario, en un año nos encontraremos esperando resolución a un recurso de inconstitucionalidad; en el mejor escenario, estaremos igual que ahora o peor”. Y explica el porqué: “El contenido infractor se retirará y un nuevo usuario (que a veces quizá incluso corresponda a la misma persona) volverá a subir el mismo link: una y otra vez el proceso acabará con la retirada del material y su nueva subida por otro usuario”.

Otra teoría de la conspiración
El abogado Carlos Sánchez Almeida explicó que para él la Ley Sinde se había convertido en un mcguffin: “ese recurso que en las películas se utiliza para mantener el suspense pero no es importante”. Según Sánchez Almeida, durante más de un año se tomó en serio la tramitación de la ley. Pero cuando el día 19 de diciembre, dos días antes de la primera votación en el Congreso, cerraron en señal de protesta muchas páginas de descargas españolas cambió su forma de verlo: “Todas redirigían a noalcierredewebs.com, y sabiendo la audiencia que tuvieron esas páginas esos días se entiende lo que hay detrás de todo esto”.“El motivo de la ley sinde -añadió el abogado- es que los medios de comunicación en internet han perdido audiencia en los últimos años. Es un debate sobre comunicación y poder, sobre quién tiene el poder de comunicar en internet, lo que hasta ahora hacían las televisiones y los periódicos da mucho miedo que ahora lo puedan hacer otros. El objetivo son esas páginas, y tengo claro que van a morir matando, y se van a llevar por delante si pueden a la clase política, y lo que harán después será lo que siempre ha hecho todo navegante, cambiar de aguas. Y todos los posibles puestos de trabajo que podrían crear, los crearán en otros países, y ya veremos qué pasa con la audiencia”.

Sánchez Almeida apuntó que habría que enfocar la defensa del derecho a la propiedad intelectual vinculándola con el derecho contra la competencia desleal y con los derechos de imagen: “En lo que tiene que ver con los derechos de explotación solo se puede ganar dinero, incluyendo la publicidad, con permiso de los propietarios de derechos. Una de las pocas demandas contra un prestador de servicios en la que se decidió llegar a un acuerdo y hubo indemnización para el demandante tuvo ese resultado porque se sumó propiedad intelectual y competencia desleal”. “Nadie tiene derecho a ganar dinero con la obra ajena, pero todos tenemos derecho a compartir cultura sin ánimo de lucro”, afirmó Sánchez Almeida.

“¿Echáis de menos a alguien?”
El moderador, Rodolfo Tesone, destacó el esfuerzo hecho para organizar “un debate equilibrado en el que se pudieran expresar todos los puntos de vista” y que estos se habían configurado en torno a dos grupos de cuatro ponentes. Considerando que Javier Díaz, responsable del departamento jurídico de Cedro, estaba incluido en el programa y no pudo asistir, tampoco está claro quienes eran los otros dos ponentes que teóricamente debían coincidir en el planteamiento general con Jorge Sánchez y evitar que el debate fuera de seis contra uno. Hacia el final de la sesión Tesone preguntó “¿Echáis a alguien de menos?”. Pero se refería a los políticos: “Hemos hecho esfuerzos pero nadie de los tres partidos ha querido venir. Aunque cuando hay elecciones sí vienen”, dijo (¿quizá intuyeron lo que se iban a encontrar?).

Sánchez, con la tesitura que imponía el entorno, pidió a sus compañeros de mesa que se mojasen y definieran ese “cambio de modelo y de paradigma” que una vez más alguno había apuntado como panacea contra la piratería. Solo se animó a recoger el guante Ofelia Tejerina: “Si no vendes tomates, haz malabares con ellos y vende el show”, le respondió. Sobre cómo eliminar la razón por la que no se venden los tomates (que los roban) o de que ahora “deban” venderse por mucho menos (el chantaje: si no, te los robarán) ni ella ni nadie dijo ni mu.

El debate, al que acudieron 20 personas (aunque fue debidamente tuiteado y videograbado), tuvo lugar en la octava planta de la sede del Colegio de Abogados de Barcelona.

Las frases
Ofelia Tejerina:
-“[Al autor hay que decirle:] Hoy el producto no es la canción, eres tú haciendo conciertos”
-“Javier Bardem, Alejandro Sanz o Teddy Bautista no van a darme clases de derecho”

Albano Sánchez-Osorio:
-“Si ya pago ADSL, router, etc. ¿por qué debo pagar canon?”
-“Con cuatro millones de parados se han gastado millones para hacer una ley inútil”

Martí Manent:
-“La propiedad intelectual es propiedad privada, y el lobby de la Sgae ha conseguido que se equipare a los derechos fundamentales”
-“Modificando el artículo 8 de la LSSI se sitúa un delito contra la propiedad intelectual al nivel de un delito contra la seguridad nacional, cuando a lo mejor es un delito normalito, como todos”

Xavier Parache:
-“[Ahora con las redes sociales] lo que yo digo tiene tanto valor como lo que dice un señor que escribe en La Vanguardia”
-“La variable precio en el marketing mix del cine no se está tocando y quizá deba tocarse” [porque no debería costar lo mismo ver una película “mala” que una película “buena”]

Carlos Sánchez Almeida:
-“Vamos a colgar instrucciones en internet para que cualquier ciudadano pueda pedir que se retiren contenidos suyos que vea reproducidos en cualquier diario, blog, página web… Esas denuncias las ha de tramitar la Sección Segunda por riguroso orden de entrada. Y a ver qué pasa”.
-“Pediremos en todos los casos que se plantee la cuestión de inconstitucionalidad. Y como hay doce magistrados con alguno saltará la liebre y… dentro de doce años tendremos una bonita sentencia”.

Josep Jover:
-“El canon se explicó muy mal, la gente piensa que lo puede bajar todo porque paga canon”.
-“La Sgae en 2004 financió un congreso de “abogados demócratas”, y no se hizo mucho ruido; a partir de ahora vamos a vigilar de cerca cosas así”.