Querido amigo:

Quiero trasladarte en mi nombre y en el de Ibercrea nuestro rechazo más absoluto del montaje final emitido del documental “¡Copiad, malditos!”, que incumple a nuestro juicio las normas de imparcialidad y veracidad exigibles a cualquier información periodística. Para empezar, la película emitida incumple sistemáticamente el apartado b) del artículo 3.2 de la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal: “Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma clara y perceptible, la información de la opinión”. Un documental es por definición un producto informativo: conviene no olvidar que “debe representar, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad”, a menos que se especifique claramente lo contrario. Falaz es la pretensión de adjetivarlo como “de autor” o “de opinión” si de la ausencia de imparcialidad (o “equidistancia”, como la llama uno de sus productores) no se informa previa, expresa y claramente al espectador.

“¡Copiad, malditos!” es un insulto a las sociedades de gestión colectiva de derechos. Queda claro desde el primer minuto que, a pesar de lo que anuncia, su desarrollo no se basa en la “explicación didáctica de las alternativas al copyright”, sino en desprestigiar a quienes lo defienden, y muy especialmente a las entidades de gestión. Lo más grave es que, además de la cuidada selección de las opiniones mostradas se utilicen datos falsos y se manipulen otros. Ya desde la selección de los contenidos: se hicieron 27 entrevistas,  y basta verlas y comparar con lo que de ellas aparece en el documental (eso, cuando aparece algo) para comprobar cómo se construye un discurso absolutamente tendencioso.

Convierte anécdotas locales como ¡el manifiesto de Montijo! en categoría general, e ignora por ejemplo los sucesivos convenios firmados entre la Sgae y la Federación Española de Municipios y Provincias que ayudan a racionalizar la gestión de los derechos que los Ayuntamientos tienen la obligación legal de abonar. De hecho, el narrador que expresa la posición editorial del documental trata constantemente de hacer pasar por hechos lo que no son más que opiniones. Por ejemplo, Simona Levi, bajo el generoso paraguas del activismo cultural, realiza afirmaciones falsas e infundadas. En primer lugar, la Sgae no es un sindicato vertical, es una asociación voluntaria y democrática. Los autores eligen a sus órganos de gobierno y deciden, en asamblea, las normas y reglamentación que rigen la gestión colectiva. Y los que no quieran pertenecer a ella pueden fundar cuantas entidades quieran. En segundo lugar, la Sgae no estaba creada en 1800. Se creó en 1899. En tercer lugar, el voto de los socios depende del uso que se hace de sus obras y ese es el criterio unánime para una asociación que nace para gestionar derechos. Por último, no se reparte de forma arbitraria, sino en función de los derechos que cada obra genera. El autor sigue la suerte de su obra.

El narrador llega a afirmar: “En España está en estudio una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Además, la Ley de Economía Sostenible, también llamada Ley Sinde, contempla el corte a páginas web, que supuestamente infrinjan la propiedad intelectual. Lo más polémico de esta ley es que los cortes se harían sin consultar con un juez”. ¿Cómo puede permitirse que en un documental (¡un documental!) coproducido por RTVE se mienta al espectador diciéndole que “los cortes se harían sin consultar con un juez”?

Capítulo aparte merece el tratamiento que reciben los menores según el contexto en el que aparecen. El narrador explica: “Una nueva generación de jóvenes, ya nativos digitales, están acostumbrados a disponer de todo lo que encuentren por internet, para verlo, usarlo, jugar con ello, transformarlo, remezclarlo, y casi siempre, para devolverlo otra vez a internet. Es el caso de Pep, un joven catalán de 14 años”. Y presenta a Josep Domenech, que demuestra su desconocimiento absoluto de la legislación sobre propiedad intelectual y cómo la incumple a menudo. Después de su intervención, el narrador explica: “Creo que las llamadas industrias culturales tienen que empezar a comprender a personas como Pep, que son sus futuros clientes. Eso sí, tienen también que asumir que Pep nunca se va a comprar música en CD y probablemente tampoco una película en DVD”.

Inmediatamente después, el narrador anuncia: “Para jóvenes como Pep las entidades de gestión llevan tiempo diseñando campañas educativas para dar a conocer la propiedad intelectual… como ellos la entienden”. Ese “como ellos la entienden” que, claramente audible, utiliza el narrador para presentar el programa Educar para crear, justo antes de la aparición de la directora general de Cedro, Magdalena Vinent, es inaceptable. Por si fuera poco, de la entrevista de más de media hora realizada a la directora de Cedro solamente se utilizan los diez segundos en que explica el contenido de dicho programa.

A continuación se muestran unos fragmentos de videos con las actividades de dicho programa cuyo montaje final se realiza según un criterio principal: que sirva para refrendar las opiniones de los abogados David Bravo (“Si ves los videos de “Educar para crear” que están ahí libremente expuestos te das cuenta de cuál es la educación que se está dando. Hay un video donde el profesor pregunta: “Bueno, ¿Qué pensáis de la copia privada?” y dice un niño; “No, no, no, me parece muy mal. Todo original […] “Resulta que la copia privada es un derecho que está en la ley y a estos niños, salvo que a ese se le pusiera de cara a la pared después de dar esa respuesta, se les está enseñando que ejercer ese derecho es malo”) y Javier de la Cueva (“Es que esto ya lo que nos está dando es la moral de este tipo de gente. Es que no tienen ningún tipo de mirada hacia el otro. Es que les es igual, manipulan niños, manipulan personas, da igual, todo por y para su pasta. Y no hay otra cosa en la vida que su pasta y es todo por la pasta. Entonces, vamos ver, pero que sociedad podemos construir con estos señores que mandan”).

El montaje final de esta fase del documental es vergonzoso (y empieza a dar que hablar). Pretende denunciar una supuesta manipulación de los niños y para hacerlo se manipula. Porque el fragmento de video mostrado no es idéntico al que aparece en la web Educarparacrear.org, a pesar de lo que afirma su director: el fragmento que aparece en el documental quizá pertenece a otra grabación, o ha sido editado, ya que ha desaparecido la voz en off del video publicado en la web Educarparacrear.org, y gracias a la ausencia de esa voz en off se puede escuchar claramente esa respuesta del alumno que critica David Bravo.

También desde la web Educarparacrear.org se accede fácilmente a la explicación de la metodología basada en un juego de rol, a pesar de la sorprendente justificación del director diciendo que no la vio porque no estaba en la misma sección de la web que el video.

Haber utilizado contenidos de esa web implica haberla visitado, lo que demuestra que para el montaje final se ha prescindido conscientemente de la amplia y abundante documentación publicada sobre el programa Educar para crear. Esa documentación muestra, por ejemplo, como algunos de esos niños participantes en el programa decidieron utilizar Creative Commons para licenciar las creaciones que realizaron (como se detalla en la página 81 del informe final), algo que sorprendentemente desecha el director cuando en teoría la intención de la producción es informar sobre esas licencias alternativas.

Conociendo la información que manejó el director y viendo el uso que hizo de ella queda claro que un a priori del documental era denigrar a las entidades de gestión. Sin ir más lejos, tanto el documental como su director consideran un hecho lo que no es más que una opinión de David Bravo. Porque la realidad, el verdadero hecho, es que el espectador no sabe si el profesor corrigió al alumno y le explicó en qué consiste la copia privada, utilizando para ello la definición de copia privada que aparece en el glosario del programa Educar para crear. Pero la idea de esa supuesta “manipulación de niños”, basada en ese fragmento del documental, se está extendiendo desde su emisión y ha sido asumida y reproducida ya en numerosas noticias, artículos y blogs.

A Pep Domenech, que incumple la legislación vigente a menudo y al que nadie en su escuela le ha explicado el porqué, se le aplaude, y la voz en off recomienda: “Las industrias culturales tienen que empezar a comprender a personas como Pep”. Por el contrario, esa misma voz en off da a entender que los alumnos que participaron en el programa Educar para crear fueron manipulados (basándose en un fragmento de diez segundos seleccionado y editado para refrendar la opinión de un entrevistado que es un abogado, especialista en defender a presuntos vulneradores de la legislación sobre propiedad intelectual, que lleva años pleiteando contra diferentes entidades de gestión de derechos).

El escritor Lorenzo Silva, uno de los entrevistados, escribió al día siguiente de la emisión: “La visión del documental me irritó profundamente. No vi reflejadas mis opiniones, sino sólo un trozo cortado a tijeretazo que le venía bien al director para su tesis sobre la propiedad intelectual, que además no coincide con la mía. Me sentí, pues utilizado, sensación que creo que cualquiera comprenderá que no es agradable. Sobre todo cuando en el documental había varios personajes a los que se les dejaba explayarse a gusto, incluso reiterando una y otra vez sus ideas. Todas ellas, por supuesto, alineadas con las del director […] El documental en sí es, a mi juicio, un alegato simplista y parcial, en el que sólo tienen propiamente voz los que le dan la razón al director: los creadores (todos ellos respetables, y alguno, amigo) que exploran el camino del copyleft (algo, por cierto, que algunos llevamos 10 años haciendo, sin alharacas) y los abogados que aparte de defender esta fórmula defienden a quienes copian y enlazan sin permiso obras ajenas y se ven en pleitos por ello. Los demás jugamos el papel de comparsas o villanos, en un discurso que el montaje subraya una y otra vez (por ejemplo: los abogados aparecen como abnegados luchadores, mientras que los que representan a los creadores “del copyright”, siempre gestores e intermediarios no creadores, aparecen como tipos opulentos y/o aficionados a la manipulación de conciencias)”. No ha sido el único en mostrar su indignación tras la emisión: también lo han hecho entre otros Alejandro Sanz, Antonio López Herreros, y algún medio de comunicación.

¿Respetar la libertad de expresión es amparar que, en su última intervención y prácticamente como conclusión del documental, Javier de la Cueva afirme: “A estas empresas, que lo que hacen es dedicarse sistemáticamente a vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que hay que hacer es quebrarlas económicamente, que no tengan recursos para seguir haciendo de lobby”?

En todo caso, juzgamos que la lectura de esta carta no salda la deuda que la RTVE ha contraído con las entidades de gestión. Quizá una de las maneras de reparar este perjuicio sea contar también la realidad de sus actividades y la historia de quienes quieren vivir de su trabajo creativo defendiendo sus derechos de autor, que son por cierto la inmensa mayoría de creadores. Eso sí, contada con datos objetivos y respetando el artículo 3.2 de la Ley 17/2006. Para ello, el Instituto Ibercrea se ofrece como coproductor en los mismos términos de la coproducción “¡Copiad, malditos!”

Atentamente,

Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea.