Si usted ha leído artículos publicados recientemente en The Hill sobre el proyecto de ley para ayudar a detener la piratería online podría pensar que el cielo está a punto de desplomarse. Varios de los artículos citan ampliamente a los opositores a la bipartidista Stop Online Piracy Act (“Ley para detener la piratería online”) sin ninguna referencia a los 29 copatrocinadores de los dos partidos y las numerosas empresas que la apoyan.

Desafortunadamente, toda esa información sesgada desacredita a The Hill como una fuente objetiva de noticias y hace un flaco favor a los lectores que quieren basarse en la información de The Hill para conocer los hechos.

Así que vamos a dejar las cosas claras.

La Stop Online Piracy Act (SOPA) apunta específicamente a sitios web extranjeros principalmente dedicados a una actividad ilegal o a sitios web extranjeros que comercializan productos ilegales. El proyecto de ley aborda el problema de los delincuentes online que roban y venden la propiedad intelectual de Estados Unidos y obtienen con ello beneficios económicos para ellos mismos.

Cuando la mayoría de los estadounidenses piensa en productos falsificados, piensa en los vendedores ambulantes que venden bolsos de marca falsos o DVD pirateados por mucho menos precio. Pero lo que muchos estadounidenses ignoran es que hay un gran mercado virtual online puesto en marcha por delincuentes que roban productos y beneficios que por derecho corresponden a los innovadores estadounidenses.

A estos sitios web extranjeros se les llama “rogue sites” [esta expresión podría traducirse como "sitios golfos", "canallas", "pícaros" o "sin escrúpulos"] porque están fuera del alcance de las leyes de EEUU. Películas y música no son los únicos productos robados que son ofrecidos por sitios sin escrúpulos. Medicamentos, piezas de automóviles e incluso alimentos para bebés son una gran parte del negocio de la falsificación, y representan una amenaza grave para la salud de los consumidores estadounidenses.

Porque EEUU produce la mayor parte de la propiedad intelectual, nuestra nación es la que más tiene que perder si no somos capaces de resolver el problema de los sitios sin escrúpulos. Según las estimaciones, el robo de propiedad intelectual cuesta a la economía de los EEUU más de cien mil millones de dólares al año y provoca la pérdida de miles de empleos.

La enmienda general recientemente introducida en la SOPA deja claro que el proyecto de ley apunta específicamente contra los peores de los peores sitios web sin escrúpulos extranjeros. Sitios web legítimos y legales como Facebook, YouTube y Twitter no tienen nada de qué preocuparse con este proyecto de ley.

De hecho, los cambios en la enmienda general reflejan conversaciones con representantes de empresas como Microsoft y Facebook, y abordan los problemas técnicos del primer borrador. La enmienda general resultante mejora la legislación, aumenta el apoyo de la industria y garantiza la protección de la innovación y de los empleos estadounidenses.

Según el proyecto, sólo el Departamento de Justicia puede solicitar un mandamiento judicial en contra de un sitio web extranjero cuya principal actividad sea ilegal e infractora. El Departamento de Justicia debe ir al tribunal y exponer el caso contra el sitio. Si el juez encuentra que el sitio está involucrado en actividades ilegales como actividad principal, podrá redactar una orden judicial para autorizar al Departamento de Justicia a solicitar que el sitio sea bloqueado. A los proveedores de servicios de internet y motores de búsqueda simplemente se les requiere para eliminar el vínculo a un sitio ilegal, para que dicho sitio no aparezca en el listado de los resultados de búsqueda.

Algunos críticos han afirmado que este “bloqueo” de un sitio extranjero ilegal aumenta la censura de internet. Pero simplemente porque la actividad ilegal se produce online no quiere decir que sea libertad de expresión protegida. Las leyes se hacen cumplir el mundo de ladrillos y mortero. No es censura hacer cumplir las leyes online.

El resto del proyecto de ley se centra en detener el flujo de ingresos a los sitios sin escrúpulos. Si un juez federal está de acuerdo en que un sitio web en el extranjero se dedica a la actividad ilegal y a la infracción, entonces una orden judicial puede ser dirigida a las empresas que deben cortar sus lazos con el sitio web ilegal. Terceros intermediarios, como las compañías de tarjetas de crédito y los proveedores de publicidad en línea, sólo están obligados a dejar de trabajar con el sitio. Ellos no son responsables por las acciones ilegales o infracciones cometidas por el sitio web sin escrúpulos.

Desafortunadamente, algunas empresa críticas con este proyecto de ley han hecho grandes ganancias mediante la promoción de sitios web sin escrúpulos que venden productos falsificados directamente a los consumidores de EEUU. Recientemente, Google pagó quinientos millones de dólares para resolver un caso criminal debido a que el motor de búsqueda hizo promoción activa de sitios web de falsas farmacias extranjeras que venden medicamentos falsificados e ilegales a los pacientes de EEUU. Su oposición a esta legislación es egoísta, porque Google obtiene beneficios de hacer negocios con los sitios sin escrúpulos que roban y venden la propiedad intelectual de Estados Unidos.

A pesar de unos pocos vocales que se oponen, la SOPA cuenta con amplio apoyo bipartidista en el Congreso y en todo el país.

Este proyecto de ley no amenaza a internet como una herramienta de comunicación y comercio. Sin embargo, pone en peligro las ganancias generadas por aquellos que deliberadamente roban la propiedad intelectual mediante el tráfico de mercancías falsificadas o pirateadas.

Lamar Smith preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Puedes leer el artículo original aquí.