La enmienda general de la Cámara de Representantes al proyecto de ley de la Stop Online Piracy Act (SOPA) soluciona la mayoría de problemas legítimos con el primer borrador de la SOPA, aislando eficazmente a la pequeña pero enormemente vociferante minoría de detractores de la SOPA que están política o comercialmente interesados en mantener un modelo de internet tolerante con la piratería. Los modelos online basados en la publicidad se oponen a su persecución porque la tolerancia con la piratería maximiza sus audiencias y sus ingresos por publicidad y debilita a los competidores que pagan por los contenidos, mientras que los utopistas tecnológicos se oponen a ella porque fantasean con una internet que sea de forma natural un lugar sin propiedad y libre del imperio de la ley y la soberanía del Gobierno de los Estados Unidos.

Apoyo extraordinario a SOPA/PIPA
La fuerza de ambos partidos, la amplitud y profundidad del apoyo político detrás de esta legislación contra la piratería son extraordinarios, especialmente en este entorno político excepcionalmente dividido. Además de contar con un fuerte apoyo de los dos partidos en la Cámara de Representantes y en el Senado y un fuerte respaldo de la Administración, SOPA/PIPA cuenta con el apoyo político de: la Fraternal Order of Police, la Asociación Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Legislaturas, la Conferencia de alcaldes de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Fiscales Generales, la Cámara de Comercio, la Better Business Bureau, cientos de empresas, la AFL-CIO y veintidós organizaciones sindicales, la Liga Nacional de Consumidores, y más de un centenar de asociaciones que representan a industrias de todos los sectores de la economía que están sufriendo los perjuicios de la piratería en internet.

El consenso formidable detrás de esta legislación fue construido ladrillo a ladrillo, de la manera correcta: documentando y explicando un problema real de política nacional con daños reales difíciles de ignorar; reuniendo a todas las personas afectadas, los intereses y las industrias, forjando una proceso de construcción de consenso bipartidista, bicameral y de la Administración; con el debido proceso para proteger cuidadosamente la libertad de expresión, e incorporando abiertamente soluciones técnicas útiles para abordar los problemas legítimos que se presenten en la tramitación de esta legislación.

Para aumentar aún más el consenso en torno a la legislación, la enmienda general aborda las preocupaciones de las consecuencias no deseadas mediante la inclusión de garantías sobre “cómo no se construirá esta ley”: “no será una restricción previa a la libertad de expresión o de prensa”; “no tiene obligación de controlar”; “no hará imposiciones a la tecnología” y “no tendrá ningún impacto en la seguridad o integridad del sistema de nombres de dominio”. Para no poner en peligro el sistema de dominios, el proyecto de ley no dicta cómo un proveedor de servicios debe evitar técnicamente el acceso a sitios piratas ni le requiere modificación “de su red, software, sistemas o instalaciones”. Para evitar el bloqueo inintencionado de sitios estadounidenses, las definiciones generales aclaran que solo se aplica a sitios extranjeros, y la definición de motor de búsqueda sólo se aplica a los motores de búsqueda como tal, no a los cientos de miles de sitios que externalizan su servicio de búsqueda con un proveedor de motor de búsqueda. Para reducir drásticamente la aplicabilidad del proyecto de ley sobre las instituciones financieras, excluye a los bancos y cooperativas de crédito. Y para evitar problemas de presupuesto, la ley requiere que los Departamentos de Comercio y de Estado se hagan cargo de los gastos en sus presupuestos.

La oposición, cada vez más aislada
Los que se mantienen como opositores más importantes a la legislación, Google, Yahoo, Facebook, eBay, Twitter, AOL, LinkedIn, y Wikipedia, que se oponen decididamente a SOPA/PIPA a pesar de la mejora de muchas de sus anteriores preocupaciones, se están quedando cada vez más aislados políticamente. Los cuatro motivos por los que los opositores dicen oponerse a SOPA/PIPA en los anuncios de página completa que han insertado en los principales periódicos de hoy atribuyen una absurda mala intención a los defensores del estado de derecho y son a todas luces falsos. En primer lugar, acusan a los defensores de tratar de controlar a los usuarios cuando la enmienda general afirma claramente: “No hay obligación de controlar … la actividad en la red o el servicio …”. En segundo lugar, acusan a las mayorías bipartidistas de los comités del Senado y Judicial de la Cámara de Representantes de negar el debido proceso según la ley cuando el marco del proyecto respeta el enfoque tradicional enfoque del fiscal del Departamento de Justicia sobre la necesidad de buscar una orden judicial de un juez federal para proteger expresamente el debido proceso. En tercer lugar, se acusa a los mismos comités, que han jurado proteger la santidad de la Constitución de los EE.UU. y la Declaración de Derechos, de fomentar que los EE.UU. “censuren la red” como hacen China e Irán. En cuarto lugar, los opositores acusan a los defensores de tratar de “socavar la seguridad en línea al cambiar la estructura básica de la internet”, cuando la enmienda general establece claramente que el proyecto de ley “no hará imposiciones a la tecnología” y “no tendrá ningún impacto en la seguridad o integridad del sistema de nombres de dominio”.

Los opositores han dañado seriamente su credibilidad y se han aislado al no ofrecer una objeción precisa ni justa a SOPA/PIPA en su ofensiva mediática nacional para influir en la opinión pública. Implícito en el enfoque de su oposición está el orgullo elitista de que sólo sus empresas innovan de una manera que beneficia a los usuarios o los asuntos, no los inventores o creadores de otros países de América en toda la economía afectada por la piratería, y también que a nadie más que ellos le importa internet, la innovación, la libertad de expresión, ni el debido procedimiento.

El proyecto de ley OPEN (que faculta a la Comisión de Comercio Internacional para adjudicar querellas contra los sitios web piratas), la alternativa legislativa a SOPA/PIPA orquestada por Google no es una alternativa viable, ya que es un claro intento de devolver un esfuerzo de varios años de vuelta al principio, al tiempo que se enreda con las espinosas y debilitantes batallas del Congreso sobre territorio jurisdiccional y la aún más espinosa y glacial política comercial.

Simplemente, la posición de los oponentes -para retrasar y negar una solución de aplicación de la ley contra el problema real, peligroso y económicamente destructivo en las empreas, el empleo, el crecimiento económico y la innovación de la piratería online y la falsificación- es políticamente insostenible. En el fondo, se trata de una lucha política entre la inmensa mayoría de los estadounidenses que respetan la ley y las empresas e instituciones afectadas por la creciente piratería contra una pequeña minoría de intereses particulares que se lucran o a los que beneficia la conveniencia de una piratería sin límites más una pequeña minoría de utopistas tecnológicos que políticamente se oponen a la aplicación de los derechos de propiedad en internet como si fuesen una amenaza para la transparencia, el compartir, la libertad de expresión o la democracia.

Google es el talón de Aquiles de la oposición
El talón de Aquiles de la oposición es que Google esté liderándola. De todas las empresas u organismos que se oponen a reforzar las leyes antipiratería ninguna tiene menos credibilidad respecto a la piratería que Google.

En primer lugar, Google es el único opositor público que reconoció públicamente ser un criminal que ayudó y fue cómplice de piratería vía sitios piratas sin escrúpulos. Recordemos que, en agosto, mediante un acuerdo para no ir a juicio, Google admitió que a sabiendas y repetidamente violó las leyes federales penales contra la “importación insegura e ilegal de medicamentos recetados”, a través de la promoción de sitios web piratas durante años. Google también pagó una multa penal récord cercana a los 500 millones de dólares. El fiscal de Rhode Island que dirigió la investigación criminal contra Google dijo que las pruebas dejaron claro que el actual CEO de Google, “Larry Page sabía lo que estaba pasando”. Irónicamente, Google se opone mediante afirmaciones falsas a una legislación que está directamente relacionada con reforzar la autoridad de la Justicia para enjuiciar a sitios pirata como los que ha ayudado y de los que ha sido cómplice durante años según Google admitió apenas este agosto. Como mínimo, su comportamiento muestra señales al Departamento de Justicia y a otros defensores de la ley de que Google ha aprendido poco o nada de la confiscación penal de 500 millones de dólares que le impuso el Departamento de Justicia. Ellos, obviamente, permanecen sin inmutarse  promoviendo y protegiendo los intereses de la piratería como líderes de la oposición a los esfuerzos para aprobar la legislación para reforzar la aplicación de la ley contra la piratería.

En segundo lugar, Google está bajo investigación antimonopolio en cinco continentes diferentes: la Comisión Federal de Comercio EE.UU., los estados de Texas, California y Nueva York, la Unión Europea, Francia, Alemania e Italia, Corea del Sur, Argentina y Australia. Curiosamente, el enfoque de la mayoría de las investigaciones antimonopolio se basa en que Google impide o dificulta el acceso a sitios web legítimos o a motores de búsqueda competidores. La ironía y la hipocresía es que Google mantiene que exigirle que impida el acceso a sitios ilegales y piratas sería “censura”, “romper la red” y “criminalizar la vinculación y la estructura de internet”. Sin embargo, cuando Google lo hace por su propia cuenta, es libertad de expresión, a favor del usuario e innovación de Google para dificultar/impedir el acceso de usuarios a los sitios legítimos que compiten con Googleopoly.

En tercer lugar, y excepcionalmente irónico en este momento, Google esta semana impidió el acceso a una aplicación web pirata que dañaba a Google sin que fuera “censura” o “romper internet”. Google efectivamente anuló el acceso al sitio web de un videojuego llamado Google Shootview, que utiliza Google Street View como telón de fondo para un juego basado en el asesinato. El problema no es que Google bloquease este sitio ofensivo porque no permite que se utilicen su marca y su imagen en ese contexto, sino que Google no vea que otros sitios legítimos están siendo perjudicados por la piratería y quiente tener la misma oportunidad de proteger su propiedad.

Conclusión
En suma, la gran infravalorada cuestión es que la legislación SOPA/PIPA probablemente se convierta en ley en 2012, y que la cada vez más aislada oposición -Google, el lobby de la publicidad online y la facción política antipropiedad intelectual- demostrará estar alejada e insensible a los problemas del mundo real offline, así como también demostrará ser mucho menos fuerte políticamente de cómo suele ser percibida al respecto.

Scott Cleland es el presidente de la consultoría Precursor LLC y autor de Search & Destroy: Why You Can’t Trust Google Inc. Puedes leer este artículo completo aquí.